Conclusiones

 La estructura territorial de la República Dominicana, aunque tiene un marco legal, no satisface de manera adecuada las exigencias actuales de justicia y progreso. Las disparidades entre regiones, la escasez de recursos en las administraciones locales, la limitada participación de la comunidad y la carencia de políticas territoriales específicas demuestran que es necesario un cambio radical en el modelo territorial.