Identificación de la problemática
Una de las situaciones más notorias es la excesiva concentración del poder en el Gran Santo Domingo, lo que ha ocasionado un desbalance territorial. De acuerdo con el economista Miguel Ceara Hatton (2018), “el 75% de las decisiones políticas y económicas significativas se toman en la capital, mientras que muchas provincias apenas tienen representación efectiva”. Este fenómeno ha provocado una migración masiva desde las áreas rurales hacia las ciudades, generando escasez de oportunidades en las zonas rurales y fronterizas.
Argumentos originales
La organización territorial actual no se adapta a las necesidades ni a las capacidades particulares de cada región. El modelo actual ignora las diferencias económicas, culturales y geográficas que definen a cada territorio. Como indican Bosch y Rodríguez (2020), “una planificación territorial adecuada debe comenzar reconociendo la diversidad regional y las posibilidades de desarrollo que ofrece”.
Del mismo modo, el crecimiento desorganizado de las ciudades, en particular de los municipios en las afueras, ha sobrepasado las capacidades de gestión de muchas autoridades locales. Esto ocurre, en gran parte, porque los gobiernos locales carecen de suficientes recursos y de la autonomía necesaria para enfrentar estos retos. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS, 2019) menciona que “sin una verdadera descentralización, los ayuntamientos seguirán siendo meros ejecutores de decisiones impuestas desde el poder central”.
Desarrollo de la temática
La descentralización territorial no solo debe significar una distribución geográfica más equitativa, sino también un verdadero fortalecimiento de los gobiernos locales. Esto implica una mayor asignación de recursos presupuestarios, autonomía en la implementación de políticas públicas y desarrollo de capacidades técnicas y administrativas. Asimismo, es esencial promover una planificación estratégica regional orientada al desarrollo sostenible, tal como propone el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), que aún está pendiente de implementación plena en el país.
La participación de la ciudadanía también es fundamental. Cuando las comunidades no se sienten incluidas en el proceso de planificación y en la toma de decisiones, se pierde la legitimidad de las instituciones. Como señala el PNUD (2021), “una ciudadanía bien informada y activa es un elemento clave para conseguir territorios resilientes y con gobernanza democrática”.
